EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD Y LA PROHIBICIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN

A ningún lector de esta web le sorprenderá leer que las personas existen desde que nacen y desde ese momento tendrán reconocidos los derechos inherentes a su condición de tal. Sin embargo, esto no siempre ha sido así. Al principio, cuando surgieron los primeros seres humanos inteligentes, no colaboraban entre sí sino que regía la ley del más fuerte. Pero pronto se dieron cuenta –porque eran inteligentes- que para sobrevivir en un mundo hostil tenían que colaborar entre sí. Así surgió le necesidad de vivir juntos, de convivir, de vivir en sociedad y de adoptar unas normas que regularan esa convivencia, impidiendo el conflicto y la violencia como regla para solucionar las disputas. Surgió así el Derecho, como conjunto de normas que regulan la convivencia humana en un momento y lugar determinado.

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En el mundo del Derecho se han sucedido dos tendencias a la hora de fundamentar los derechos de las personas. La primera es el “iusnaturalismo” que, básicamente, viene a decir que la persona, por el simple hecho de nacer, ya tiene los derechos inmanentes a su personalidad. La otra es el “positivismo”, según la cual es necesario que una norma “positiva”, una ley, reconozca los derechos de la persona.

No es lugar aquí para adentrarnos en los fundamentos de unos y otros ni para analizar las ventajas y los inconvenientes de cada una de esas teoría, porque, tanto si acudimos a una de ellas como a la otra, es evidente que todas las personas nacen iguales en derechos (y obligaciones) y no es posible realizar respecto de las mismas ningún tipo de discriminación por factor alguno.

Así se ha reconocido en los modernos textos de reconocimiento y protección de derechos fundamentales, tanto a nivel internacional como en España. La Constitución española de 1978 establece sin lugar a dudas que todos los españoles somos iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

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Con lo cual, querido lector o lectora que has llegado hasta aquí, ya te puedes imaginar lo que sigue: cualquier actuación de un poder público o cualquier norma o actuación que implique una discriminación de cualquier tipo por cualquier condición o circunstancia personal, será contraria a la Constitución.

Es cierto que la Constitución sólo reconoce los derechos fundamentales, como el de igualdad, frente a los poderes públicos, pero existen multitud de leyes (y aún más, resoluciones judiciales) que extienden la prohibición de discriminación a las actuaciones entre particulares.

Y en esto consistirá nuestra contribución a esta plataforma: divulgar los derechos de las personas en general, y de los consumidores en particular, frente a poderes públicos y empresas que, con su actuación, puedan estar menoscabando nuestro derecho a la igualdad.

En principio, publicaremos una entrada con una periodicidad quincenal, pero os animamos a pedirnos que tratemos temas de vuestro interés y en tal caso la periodicidad irá en función de las peticiones.

Hasta pronto.

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